Aproximadamente 26,0 0 0 trabajadores judiciales a nivel nacional empezaron el martes de la semana pasada una huelga indefinida para exigir tres cosas puntuales: ser excluidos de la Ley del Servicio Civil, que el Congreso de la República apruebe el proyecto de ley de la Carrera del Personal Auxiliar Jurisdiccional y Administrativo del Poder Judicial.
El mismo que se encuentra desde hace un año en la Comisión de Trabajo del Parlamento y el cumplimiento del segundo tramo de la escala remunerativa que fue acordado en el 2012.
Como era una huelga anunciada, el jueves 20 de marzo, mediante resolución administrativa de la Presidencia del Poder Judicial (R.A. Nº 083 – 2014 – P-PJ) firmada por el Dr. Enrique Mendoza, amparados en el artículo 82º del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo.
Se establece que cuando la huelga afecte los servicios públicos esenciales o se requiera garantizar el cumplimiento de actividades indispensables, los trabajadores en conflicto deberán garantizar la permanencia del personal necesario.
Para impedir su interrupción total y asegurar la continuidad de los servicios y actividades que así lo exijan.
Precisiones. En ese sentido, los trabajadores que sin causa justificada dejen de cumplir el servicio, serán sancionados de acuerdo a ley, máxime si a través de la resolución administrativa.
De Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República Nº 06 – 2003-SP-CS, publicada el 1 de noviembre de 2003, se declaró como servicio público esencial a la Administración de Justicia ejercida por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos.
Posteriormente, mediante resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, No. 046-2004-CE-PJ, de fecha 26 de marzo de 2004, se aprobó la Directiva No. 022-2004-CE-PJ respecto a la Conformación de Órganos de Emergencia, Jurisdiccionales y de Apoyo, en caso de ejercicio de derecho de huelga de los trabajadores del Poder Judicial.
Según autoridades judiciales, las federaciones (o sindicatos) que representan a los trabajadores judiciales “no han cumplido con lo establecido en el artículo 82° del citado TUO de las Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo.
Pues no han garantizado en los documentos remitidos la permanencia del personal necesario para impedir su interrupción total y asegurar la continuidad de los servicios y actividades del Poder Judicial”.
En ese sentido, “al no haberse cumplido con tan importante requisito, ni haber sustentado el agotamiento de la negociación directa, ni haber garantizado la continuidad de los servicios esenciales de este Poder del Estado, la presente paralización de labores deviene en ilegal”, reza la resolución administrativa de la presidencia del Poder Judicial.
De conformidad con las facultades conferidas en el inciso 4° del artículo 76° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por la Ley 27465, se resolvió “declarar ilegal la Huelga Nacional Indefinida a iniciarse el día 25 de marzo de 2014, convocada por la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial (FNTPJ) y por la Federación de Trabajadores del Poder Judicial (FETRAPOJ)”.
Primer logro. El mismo martes 25 por la tarde, los manifestantes junto al presidente delPoder Judicial, Dr. Enrique Mendoza, sí el que declaró ilegal la huelga, estuvieron en la Comisión de Trabajo del Congreso de la República donde lograron que dicho grupo de trabajo apruebe excluirlos de la Ley del Servicio Civil.
Ahora deben esperar que suceda lo mismo en la Comisión de Presupuesto y que luego esa decisión sea aprobada en el Pleno, para que finalmente el Ejecutivo, de considerarlo así, promulgue esta modificación a la Ley Servir.
Del mismo modo, las autoridades judiciales dispusieron la aplicación de las acciones necesarias que permitan garantizar la atención de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, así como la aplicación de las medidas correctivas correspondientes en caso se verifiquen actos contrarios a los regulados por las leyes en materia laboral.
Pese a todo lo antes mencionado, lo que se ha visto en estos días de protesta es el cierre total de las oficinas de todas las sedes del Poder Judicial tanto en Lima como en provincias, por lo que habría que ver si se aplicará la amenaza publicada en el diario oficial El Peruano.
Si bien es cierto existen razones de peso que justifican la huelga, también se debe considerar la situación de aquellos que buscan justicia, de los abogados litigantes, de los procesos que se paralizan y de todo aquello que se deja de hacer en la administración de justicia.
No hay que olvidar que tanto trabajadores como magistrados acaban de retornar de sus vacaciones judiciales, y entre los meses de noviembre y diciembre del año pasado los jueces acataron una especie de huelga blanca exigiendo el aumento de sus sueldos.
Los ciudadanos no entienden mucho sobre estos pedidos, lo único que buscan es que la justicia en nuestro país funcione y no se paralice cada cierto tiempo como viene ocurriendo.
Foto: Difusión.
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